Un juez le ordena pagar 460.000 euros a una firma de La Unión, por cancelar dos contratos tras los problemas de peso del primer submarino
«Estamos contentos desde el punto de vista moral porque, por fin, un tribunal de justicia condena a Navantia por los graves daños y perjuicios que nos ha ocasionado con su comportamiento desleal y por abandonarnos a nuestra suerte, sin preocuparse lo más mínimo por dejarnos en la ruina y tener que despedir a diez trabajadores». Así ha reaccionado Pedro Fernández, gerente de Mesursa, tras conocer que el Juzgado de Primera Instancia 4 de Cartagena ha condenado al astillero del Estado a indemnizar a su empresa con 460.000 euros por paralizar y cancelar dos contratos para la construcción de los cuatro submarinos S-80. Ocurrió tras ser detectado el sobrepeso en la primera unidad encargada por el Ministerio de Defensa, para la Armada Española.
Mesursa, una sociedad con sede en La Unión y que trabajó durante tres décadas para Navantia en el diseño y el montaje de conductos de ventilación y en hacer habitables cazaminas, submarinos y otras embarcaciones, presentó una demanda por los «daños y perjuicios» a través el abogado Javier Meseguer Barrionuevo. La demandante solicitó una reparación de un millón de euros y el juez, en una sentencia dictada el 23 de febrero y a la que ha accedido 'La Verdad', le reconoce el derecho a percibir casi la mitad de esa cifra, más los intereses legales del dinero.
Navantia paralizó en octubre de 2013 dos contratos, valorados en total en 6,6 millones de euros, y en abril y junio de 2016 los dio por rescindidos. Al haber cobrado solo 2,8 millones, Mesursa acudió a los tribunales por los costes del despido de más de veinte trabajadores, el beneficio industrial no percibido por el 20% de la obra no ejecutada y los gastos de custodiar elementos en su nave, entre otras cuestiones.
Esta compañía auxiliar, con sede en La Unión, tuvo que hacer un ERE y despedir a parte de la plantilla
Al principio, Navantia acordó detener seis meses los trabajos en los dos primeros buques de la serie, hasta encontrar una solución técnica para ellos, y «lanzar» nuevos pedidos a Mesursa para los dos últimos. Ese plazo se agotó, y los retrasos en la reactivación de las obras por parte de Navantia (que recurrió a ingenieros de Estados Unidos para un rediseño que plantea básicamente alargar la nave) llevaron a los unionenses a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Este procedimiento afectó a diez de sus veintiocho trabajadores, que en 2015 volvieron a verse inmersos en dos procedimientos similares, hasta su despido junto con otra decena de compañeros en 2016. Entre ellos había soldadores, tuberos, chapistas, electricistas y paneladores.
Entre medias, esta mercantil auxiliar del Estado logró entrar en la fabricación de un submarino para la marina de India por parte de DCNS, el astillero público de Francia. Pero volvió a tener dificultades, a pesar de haber «elaborado la habilitación de todas las unidades Scorpene comercializadas por todo el mundo, y adquiridas por las armadas de Chile, Malasia, India y Perú», según hizo constar en la demanda.
«Es evidente que en este caso el objeto del contrato es la habilitación de los cuatro submarinos» y que «el beneficio industrial dejado de percibir por Mesursa habrá de calcularse respecto de la parte de obra no ejecutada en los cuatro submarinos: S-81, S-82, S-83 y S-84», y no solo los dos primeros como sostiene Navantia, concluye el magistrado José Enrique Serrano, en su resolución.
Ésta será recurrida por la demandante, al entender que «quedan varias partidas que también deben ser indemnizadas y que Navantia no puede escapar de su obligación legal de dejar totalmente indemne a Mesursa, pagándole hasta el último euro por todos los daños y perjuicios sufridos por su culpa», avanzó Meseguer Barrionuevo.
Este diario contactó con Navantia, pero esta compañía, adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), declinó ofrecer información.
Rediseño del 'Isaac Peral'
«La resolución de los contratos permite imputar a Navantia los gastos de estos despidos colectivos, así como la devolución de las bonificaciones y sus recargos a la Seguridad Social, pues estos traen causa de una extinción provocada por Navantia», recoge también la sentencia. Y señala, igualmente, «resulta probado que Mesursa tuvo que alquilar una nave industrial para almacenar bienes propiedad de Navantia, con un coste de 44.000 euros», y que por ello el astillero debe abonar ahora «218.701,6 euros en concepto de daños por los gastos laborales ocasionados por la suspensión y extinción de los contratos».
Tras el rediseño del primer sumergible de la serie, el 'Isaac Peral', que tenía un sobrepeso de 75 toneladas que afectaba a su flotabilidad, el astillero público ha retomado en Cartagena su construcción. La previsión de Defensa es incorporar el primero en 2022.
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/navantia-debera-indemnizar-20180324011851-ntvo.html
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